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Published 20 julio 2022
De conformidad con la legislación mexicana, los transportistas están obligados: a cuidar y conservar la carga; a pagar los daños sufridos por los bienes a su cargo, y en general, a hacerse responsables del importe total de los daños y perjuicios causados en caso de incumplimiento del contrato.
Independientemente de lo anterior, de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal de 1993 (LCPAF), los transportistas podrían exceptuarse de su responsabilidad en supuestos específicos en los que existen límites extremadamente restrictivos de acuerdo al peso de la carga (c.USD5.00 por tonelada).
Dados los límites extremadamente bajos establecidos por la LCPAF, las aseguradoras, las agencias de recupero e incluso los abogados, a menudo no se molestan en emprender acciones de recuperación contra transportistas locales -a menos que el peso de la carga sea significativo-.
Sin embargo, debido a la necesidad de las compañías aseguradoras y reaseguradoras de mejorar sus resultados, se han incrementado las acciones de recupero vía subrogación donde pudiera existir la posibilidad de romper los límites establecidos en la LCPAF.
El análisis debe hacerse caso por caso pero, la inconstitucionalidad de la limitante; la culpa grave y/o la falta de registro ante la Secretaría de Transporte, son algunos de los argumentos que pueden utilizarse para impedir que los transportistas limiten su responsabilidad con base en dicha legislación.
Todavía existe un largo camino por recorrer respecto de este asunto en los tribunales locales, especialmente considerando el fuerte lobby de la industria del transporte en México, sin embargo, el futuro parece prometedor pues ya hay un par de caminos para lograr lo que pudiera ser un esquema de responsabilidad más equitativo y saludable para este mercado.
Mexico City
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